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lunes, 7 de enero de 2019

AIELLO SAN LUIS: OFRECEN INDEMNIZAR A TRABAJADORES ESPIADOS EN FACEBOOK.-


CIS COMUNICA.- 07/01/2019.- En medio de las críticas por los horarios durante las fiestas y del repudio por haber echado a los trabajadores que se sumaron a esas críticas; la cadena de supermercado puntana de los Aiello, le solicitó al Sindicato de Comercio de San Luis que interceda en su nombre y les transmita a los despedidos el ofrecimiento de abonarles una parte de la indemnización por haberlos despedido “con causa” alegando "graves perjuicios operativos y de administración" porque estos compartieron en sus perfiles privados de Facebook un memo interno con los horarios comerciales durante las fiestas. 



La polémica decisión de la empresa de obligar a los trabajadores a trabajar hasta las 20 horas del 24 y 31 de diciembre fue el blanco de críticas de trabajadores y clientes, debido a que el personal recién se estaría retirando cerca de las 21 horas de los locales, afrontando todas las dificultades del transporte en esos días y horarios para llegar a sus hogares y poder compartir la nochebuena y recibir el nuevo año con sus seres queridos. 

En Aiello -pese a reivindicarse una empresa familiar- la familia de su personal no parece importarles demasiado.

Los Aiello acusaron a los despedidos de haber hecho "pública información privada sensible a la empresa" en referencia al correo electrónico que la gerencia de recursos humanos envió a una veintena de destinatarios entre dueños, personal jerárquico y proveedores. El comunicado se imprimió y se pegó en las carteleras de todas las sucursales de la cadena que no solo están a la vista de todos los trabajadores sino también de los clientes, por lo tanto, en el supuesto de haber existido los "graves perjuicios" que argumentan, corrieron por exclusiva responsabilidad de la firma

Además de trabajadores y clientes, el comunicado llegó a la pagina de Facebook @esderepositor que la publicó. 

Desde allí fue compartido por cientos de usuarios de la red, incluso los trabajadores de Aiello Supermercados que ya lo conocían. Fueron los comentarios negativos la causa que movilizó a la empresa a disciplinar al personal disconforme, que -por medios ilícitos- obtuvo captura de cada publicación privada referida al comunicado en cuestión y a los autores de haberlos difundido o haber hecho comentarios críticos les envío un telegrama de despido que decía que: “Habiendo tomado conocimiento que el día 20/12 procedió Ud a compartir y enviar un correo a través de la red social facebook, en el cual figuran y se detallan la totalidad de las direcciones de correo electrónicas internas y privadas de las autoridades y propietarios de AIELLO SUPERMERCADOS S.A, como así también de los gerentes de 10 sucursales del supermercados, de los supervisores de las sucursales, de la oficina de RRHH, todo bajo el dominio “aiellosuper.com.ar”... haciendo pública información privada sensible a la empresa a la vez que ha generado graves perjuicios operativos y de administración todo lo cual genera además la perdida de confianza depositada en su persona que hacen imposible la continuidad de la relación laboral por todo ello se le notifica distracto por su exclusiva culpa y responsabilidad”.

Los despidos no revistarían mayor gravedad si no fueran porque la prueba en la que se basó la empresa para justificar tal decisión provino de un hecho ilícito como la intromisión en la vida privada de sus empleados delito del que la empresa Aiello se victimiza sin ningún sustento legal, sobreactuando un perjuicio inexistente. 

Por su parte el Sindicato que nuclea a los trabajadores de Aiello, nunca se expidió en público sobre los despidos -ni siquiera hay delegados en la decena de establecimientos de la cadena- ni manifestó ningún malestar por los abusos contra sus representados, limitándose a comunicar la oferta económica, a despegar a los empresarios de estos abusos, calificando como errores en los que ingenuamente caen "por culpa de abogados, contadores y asesores".



viernes, 4 de enero de 2019

PARO EN SAN VICENTE: HUBO CONCILIACIÓN PERO DOTA NO ACATÓ


CIS COMUNICA.- 04/01/2019.- El ministerio de trabajo intervino en el conflicto entre la empresa de colectivos San Vicente con sus choferes a raíz del despido de uno de ellos que se encadenó a un poste desde las primeras horas de la madrugada de esté viernes. Los trabajadores resolvieron apoyar a Ariel Bermúdez quien lleva 90 días de despedido, de audiencia en audiencia, sin un ingreso para el sustento de su familia. Agobiado por la situación, el chofer tomó la medida extrema que contó con el apoyo de la mayoría de sus compañeros.

Según informaron los trabajadores tras la audiencia convocada de urgencia por el ministerio de trabajo este mediodía, la cartera laboral DECRETÓ CONCILIACIÓN OBLIGATORIA aunque la patronal se niega a acatarla, y lejos de conciliar en represalia procedió a sancionar al personal que se encontraba de paro.

Las líneas que se vieron afectadas fueron: 51,74, 79, 177, 263, 370, 385,388, 435 y 503.

Por versiones de dirigentes de UTA sobrevoló todo el conflicto la interna gremial que enfrenta a la conducción de UTA nacional y el monopolio del transporte DOTA, los nuevos propietarios de la empresa en conflicto. Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, acusa a DOTA de querer quedarse con el gremio, porque su principal opositor es empleado de esa firma, que en las elecciones de octubre pasado no pudo presentar lista porque la junta electoral controlada por Fernández no les permitió participar, hecho que motivó impugnaciones hasta un fallo de la justicia que declaró inválido el comicio.

Sin embargo, pese a las duras críticas de los trabajadores para con el cuerpo de delegados UTA los sostuvo, lo que debilita la versión de un firme apoyo a la causa de los trabajadores de las lineas San Vicente que como miles de choferes en el país padecen las paupérrimas condiciones laborales, el abuso patronal y el abandono sindical.

La protesta afectó a 10 líneas de colectivos y no se descarta nuevas medidas en las próximas horas si la empresa no depone su actitud represiva y procede a cumplir la resolución ministerial dejando sin efecto las sanciones y despidos.