Organización de afiliados directos a CTA, agrupados en 23 actividades del sector privado argentino.
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viernes, 29 de septiembre de 2017
domingo, 10 de septiembre de 2017
CTA ACOMPAÑÓ LA PROTESTA DE LOS TRABAJADORES DE LA TEXTIL ROLMEN
CIS
COMUNICA.- 10/09/2017.- Los trabajadores de la textil Rolmen,
propiedad de la familia Karadagian, se manifestaron frente a las
puertas de una de las tiendas de ropa donde se comercializan las
prendas que ellos mismos confeccionan, ubicada en la calle Avellaneda
al 3700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reclaman los salarios adeudados de tres meses y el aguinaldo, las indemnizaciones pendientes, contra la precarización que existe en la fábrica y el abandono de los tres sindicatos que supuestamente los representan.
Desde la CTA de
los trabajadores nos sumamos solidariamente a apoyar la medida gremial
de los compañeros textiles en la búsqueda de sus objetivos.
El
pasado mes de junio cuando la empresa comunicó a veintenueve
trabajadores que estaban despedidos “atendiendo las severa
crisis económica que le toca afrontar a esta empresa, sumado a la
falta de trabajo se ha debido tomar la ‘amarga’ decisión de dar
extinguido el contrato de trabajo que lo uniera con Rolmen S.A en los
términos del Art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo
20.744”.
Los
trabajadores despedidos habían que aceptado el pago del 50% de su
indemnización nunca cobraron.
El
resto de la planta, los que quedaron adentro no la pasó mejor. No
volvieron a cobrar salarios desde el despido de sus compañeros.
Hace
una semana les ofrecieron 300 pesos para la sube. 2 mil más en
concepto de salarios atrasados. Algunos se negaron a recibirlos,
fueron despedidos con causa por incitar a la huelga al resto de sus
compañeros.
La
textil Rolmen -propiedad de la familia del conocido luchador- desde
siempre ha producido para las principales marcas nacionales e
internacionales y personalidades, como Guillermo
Francella o los trajes que encarga la AFA para
el cuerpo técnico y los jugadores de la selección Argentina.
Ninguno
de los derechos que protegen a los trabajadores en estos casos se
vieron respetados. Ni siquiera se había dado inicio al proceso
preventivo de crisis previsto en la ley 24.013 que obliga a
las empresas con menos de 400 empleados que vayan a despedir o
suspender a más del 15% de su personal por causas
económicas o tecnológicas, a dar inicio al procedimiento de crisis
ante el Ministerio de Trabajo, (este trámite también se puede dar a
instancias de la asociación sindical de los trabajadores).
De
los tres gremios que representan a estos trabajadores, ninguno de
ellos dio inicio al mismo ni tampoco exigieron todos los elementos
probatorios que le permitieron a Rolmen quedarse con el 50% de la
indemnización de trabajadores con 20 años de antigüedad en esa
firma.
El
articulo 247 de ley de contrato de trabajo dice
que “En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de
fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable
al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá
derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la le
hubiera correspondido en una situación normal.” y continúa “En
tales casos el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo
dentro de cada especialidad.
Respecto
del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por
el que tuviere menos cargas de familia, aunque con ello se alterara
el orden de antigüedad.”
El
caso Rolmen, es una fotografía del albúm del sindicalismo que en
este 2017 está reeditando las peores postales del sindicalismo de
los gordos en los 90’.
Las
fábricas cierran o despiden masivamente alegando una crisis que no
se registra en los ritmos de producción del día anterior al cierre.
No
presentan preventivo de crisis. Los despidos decaen en el personal
con antigüedad o con enfermedades profesionales. Un proceso
preventivo de crisis resguarda al personal con carga de familia y
mayor antigüedad. Bueno, en estos casos se hace a la inversa. No se
registra una toma de fábrica u otro tipo de establecimiento laboral,
que haya estado encabezada por los sindicatos del sector que agrupa a
esos trabajadores.
El
modelo sindical actual protege a esa dirigencia. No hay castigo para
ellos ni en las urnas.
Se
borran. Saben que si los trabajadores autoconvocados generan un
conflicto que obligue al estado a intervenir, a los primeros que
llama es a ellos. Que supuestamente obligados deben ir a ponerse al
frente del conflicto. Todo lo contrario. Ellos están esperando eso
para darle un cierre formal al asunto. Entregarlos.
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