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domingo, 10 de septiembre de 2017

CTA ACOMPAÑÓ LA PROTESTA DE LOS TRABAJADORES DE LA TEXTIL ROLMEN


CIS COMUNICA.- 10/09/2017.- Los trabajadores de la textil Rolmen, propiedad de la familia Karadagian, se manifestaron frente a las puertas de una de las tiendas de ropa donde se comercializan las prendas que ellos mismos confeccionan, ubicada en la calle Avellaneda al 3700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reclaman los salarios adeudados de tres meses y el aguinaldo, las indemnizaciones pendientes, contra la precarización que existe en la fábrica y el abandono de los tres sindicatos que supuestamente los representan. 

Desde la CTA de los trabajadores nos sumamos solidariamente a apoyar la medida gremial de los compañeros textiles en la búsqueda de sus objetivos.



El pasado mes de junio cuando la empresa comunicó a veintenueve trabajadores que estaban despedidos “atendiendo las severa crisis económica que le toca afrontar a esta empresa, sumado a la falta de trabajo se ha debido tomar la ‘amarga’ decisión de dar extinguido el contrato de trabajo que lo uniera con Rolmen S.A en los términos del Art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744”.

Los trabajadores despedidos habían que aceptado el pago del 50% de su indemnización nunca cobraron.
El resto de la planta, los que quedaron adentro no la pasó mejor. No volvieron a cobrar salarios desde el despido de sus compañeros.
Hace una semana les ofrecieron 300 pesos para la sube. 2 mil más en concepto de salarios atrasados. Algunos se negaron a recibirlos, fueron despedidos con causa por incitar a la huelga al resto de sus compañeros.

La textil Rolmen -propiedad de la familia del conocido luchador- desde siempre ha producido para las principales marcas nacionales e internacionales y personalidades, como Guillermo Francella o los trajes que encarga la AFA para el cuerpo técnico y los jugadores de la selección Argentina.

Ninguno de los derechos que protegen a los trabajadores en estos casos se vieron respetados. Ni siquiera se había dado inicio al proceso preventivo de crisis previsto en la ley 24.013 que obliga a las empresas con menos de 400 empleados que vayan a despedir o suspender a más del 15% de su personal por causas económicas o tecnológicas, a dar inicio al procedimiento de crisis ante el Ministerio de Trabajo, (este trámite también se puede dar a instancias de la asociación sindical de los trabajadores).

De los tres gremios que representan a estos trabajadores, ninguno de ellos dio inicio al mismo ni tampoco exigieron todos los elementos probatorios que le permitieron a Rolmen quedarse con el 50% de la indemnización de trabajadores con 20 años de antigüedad en esa firma.

El articulo 247 de ley de contrato de trabajo dice que “En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la le hubiera correspondido en una situación normal.” y continúa “En tales casos el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad.
Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos cargas de familia, aunque con ello se alterara el orden de antigüedad.”

El caso Rolmen, es una fotografía del albúm del sindicalismo que en este 2017 está reeditando las peores postales del sindicalismo de los gordos en los 90’.
Las fábricas cierran o despiden masivamente alegando una crisis que no se registra en los ritmos de producción del día anterior al cierre.
No presentan preventivo de crisis. Los despidos decaen en el personal con antigüedad o con enfermedades profesionales. Un proceso preventivo de crisis resguarda al personal con carga de familia y mayor antigüedad. Bueno, en estos casos se hace a la inversa. No se registra una toma de fábrica u otro tipo de establecimiento laboral, que haya estado encabezada por los sindicatos del sector que agrupa a esos trabajadores.
El modelo sindical actual protege a esa dirigencia. No hay castigo para ellos ni en las urnas.
Se borran. Saben que si los trabajadores autoconvocados generan un conflicto que obligue al estado a intervenir, a los primeros que llama es a ellos. Que supuestamente obligados deben ir a ponerse al frente del conflicto. Todo lo contrario. Ellos están esperando eso para darle un cierre formal al asunto. Entregarlos.



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