Que todos son esenciales. Desde el 11 de marzo de 2020 cuando la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, la OMS, declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia. A todos los rige la legislación de emergencia basados en el convenio de trabajo forzoso de OIT, que los obliga a continuar prestando tareas poniendo en riesgo su salud y su vida.
No los alcanza el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el “ASPO”, ni sus normas modificatorias y complementarias como el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, el “DISPO”, no están dispensados de ir a trabajar pese el riesgo concreto que ya costó cientos de vidas de trabajadores en nuestro país.
Antes que el universo de trabajadores arriba mencionado, que un operario de una fábrica de alimentos o insumos sanitizantes, están los funcionarios públicos, los políticos, los sindicalistas, la ‘gente de plata’ y su entorno se vacunaron primero y sin inmutarse agregaron a los suyos, y sin sonrojarse vendrán un día cualquiera a pedir que los voten diciendo que les preocupamos.
Pero ¿qué pueden hacer los trabajadores esenciales para dejar de ser invisibles en el programa de vacunación contra el SARS-COV-2?.
¿Dejar de asistir al trabajo?. Es una posibilidad y un derecho vigente.
¿Es abandono de trabajo?. No. Solo deben de antemano, poner en relieve el riesgo al que están expuestos.
El Art. 75 de la ley de contrato de trabajo 20.744 -modificado por ley 27.323 en el año 2016- sobre el deber de seguridad, de cuidar a los trabajadores, es más que claro y fue pensado para situaciones como la que actualmente atraviesan los trabajadores considerados esenciales y obligados a trabajar en contexto de pandemia y dice:
“El empleador debe... adoptar las medidas que... sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos de las tareas penosas, riesgosas, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.”... “El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le ocasiones pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño.”
Las empresas tergiversan la legislación y presionan con mentiras para que los trabajadores con hijos menores los dejen en sus hogares al cuidado de nadie y concurran a trabajar, lo mismo con los grupos de riesgo, para que rifen su salud y vuelvan a sus puestos de trabajo.
Esto en el mejor de los casos donde los trabajadores pudieron hacer uso de esas licencias, que en muchos casos ni siquiera han podido utilizarla y en otros casos han recibido descuentos ilegales que los decretos no avalaban, aunque sí, el silencio de los sindicatos que solo figuran en los recibos de sueldo.
Y aunque se encuentra en ejecución, en todo el país, la campaña de vacunación destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, con más de 7 millones de dosis recibidas, y pese al aumento de casos se registra en casi todas las jurisdicciones del territorio nacional, exceptuando a los de sanidad y educación, no se ha destinado ni una sola dosis a los trabajadores esenciales del comercio, la industria y los servicios, por supuesto que a sus dirigentes sindicales y entorno que en lo que llevamos de cuarentena se borraron o le bajan el volumen a la crítica ante los abusos laborales en pandemia y acarician la inflación con paritarias en cuotas.
En síntesis; nos sumamos a las campañas, pedidos formales y denuncias que exigen la vacunación de los trabajadores esenciales, negarles ese derecho humano significaría asumir el riesgo de que ocurran consecuencias irreversibles para la salud y la vida de todos ellos, y la única reacción sean lamentos, cuando ya sea demasiado tarde.
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