Es decir, si un trabajador no percibe el pago de parte de su salario y recurre a su sindicato, se expone a ser delatado ante su empleador y ser despedido. Fin del problema para el empleador y el sindicato. Comienzo de un calvario para el trabajador que si decide reclamar, tendrá que buscar por sus propios medios la forma de ejercer sus derechos.
Mientras dura la relación laboral si el trabajador es objeto de abusos laborales, aunque estén en conocimiento de su sindicato, no existe ningún instrumento en manos del trabajador que obliguen a las autoridades de un sindicato a intervenir.
El sindicato que durante años lo encuadró convencionalmente, que tuvo la obligación de representarlo y defenderlo de los agravios de los que fue objeto mientras estuvo bajo la -supuesta- protección de ese organización sindical, no se expone a ninguna sanción por no haberlo hecho, excepto la de no ser votado en una próxima elección, justamente en Argentina donde el monopolio de la representación está controlada por el poder empresario desde las bases y las comisiones directivas de los sindicatos se reeligen por listas únicas o con el fraude en caso de existir listas opositoras. La tiranía del modelo sindical argentino ha contado con la protección de todos los gobiernos democráticos post dictadura, y gran parte de sus protagonistas han sido injertados durante el proceso militar.
CONCLUSIÓN: ¿No debiera existir una legislación que obligue al sindicato a darle respuestas al trabajador que durante años aportó a la estructura, por el mismo plazo que la justicia le permite hacer reclamos retroactivos, incluyendo sanciones para los dirigentes que en ejercicio de sus funciones omitan hacer reclamos en nombre de sus representados?.
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