Con el fallo que la obliga a devolverle el trabajo a Álvarez, la empresa
apeló pero no acreditó la causal del despido, que atribuyó a “cuestiones
operativa de reestructuración”. En efecto, la empresa centró su crítica en que
el trabajador no ejercía cargo gremial y que la CTA no tenía ámbito de
actuación en el establecimiento.
En este contexto, no resulta atendible la interpretación limitativa que
presenta el Hipódromo de Palermo, en tanto pretende ampararse –en desmedro de
los derechos que le asistirían al trabajador– en la inaplicabilidad del régimen
de estabilidad incorporado por la Ley de Asociaciones Sindicales, es decir que,
por no ostentar cargo gremial la obstaculización de los derechos sindicales del
trabajador para la empresa estarían permitidas y, en su caso, en la “falta de
vinculación” entre la CTA y la actividad desarrollada en el establecimiento, debido
a que en hipódromo el sindicato que convencionalmente agrupa al personal es Asociación del Personal de los Hipódromos, Agencias,
Apuestas y Afines de la República Argentina (APHARA), que al tomar conocimiento de las
afiliaciones a CTA, lejos de tomar nota de los problemas que denunciaban sus
representados, en apoyo a las represalias del hipódromo, colaboró con la
patronal contratando una patota para reprimirlos.
Para el fiscal general “las pruebas aportadas evidenciarían un palpable
“indicio de discriminación” en tanto permitirían vincular el despido con la
actividad gremial llevada cabo por el accionante, quien –lejos de haber
buscado, solamente, un “nuevo sindicato para afiliarse”– habría intentado
canalizar los intereses colectivos del sector mediante la construcción de un
nuevo espacio de representatividad… afiliándose a la CTA para agruparse en el
Sindicato Joven CIS, así lo corroborarían las manifestaciones, coherentes y
homogéneas, de los testigos Domínguez, Ruiz, Posse, Sánchez y Santa Cruz, las
cuales no sólo confirmarían tales indicios, sino –también– el activismo
desplegado por la Central de Trabajadores Argentina en el ámbito de la
demandada (cuestión férreamente negada por el Hipódromo en su estrategia
defensiva). Y agrega “Sellando este cuadro indiciario, remarco la notoria y
acreditada concomitancia entre el distracto y la realización de las diversas
reuniones a las que aluden los testigos (con participación del Sr. Álvarez) en un
clima atravesado por reclamos salariales y el despliegue de nuevos actores en
la dinámica diaria de la vida gremial del Hipódromo Argentino de Palermo.”
En conclusión, en las circunstancias expuestas, y aplicando los
estándares probatorios fijados por la Corte Suprema, se podría juzgar
corroborado que el despido del actor constituyó un acto discriminatorio en los
términos de la ley 23592.
“Me permito añadir, por último, -escribe el fiscal- que no hay
incompatibilidad alguna entre la reinstalación del trabajador víctima de un
distracto discriminatorio y el derecho a contratar y ejercer toda industria
lícita del artículo 14 de la Constitución Nacional; y que la reinstalación
guarda singular coherencia con los principios que rigen a las instancias
jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos, tendientes a
la plena reparación de los daños irrogados por un despido.” Concluye el
dictamen que recomienda dejar firme el fallo en esta segunda instancia.
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