Si bien no fue el único que lo hizo, la intimación a Cáceres se hace en su condición de apoderado de la lista morada, porque según el sindicato no solo debe responder por lo que pública la agrupación en la página “Construyamos Juntos” (existen cientos de páginas con ese nombre en facebook) sino también lo que hace con su cuenta personal en dicha red social.
El texto que lleva la firma del apoderado dice que “considerando que estas expresiones hechas públicas mediante redes sociales contienen agraviantes imputaciones hacia el CEC, en la persona del secretario general y hacia la sra. Mariana Martínez en el carácter de presidente de la junta electoral, consistente en adjudicaciones y hechos falaces y erróneos afectando de esta forma el buen nombre y honor de la institución acarreando graves perjuicios en su seno, atento la difusión de dicho contenido lesivo, “Le intimo que en plazo 48 horas ratifique o rectifique sus dichos allí mencionados y en su caso elimine del muro del sitio en cuestión tales publicaciones ofensivas.”
En la carta el CECR también se queja de otra publicación donde se hace referencia al pésimo servicio de la obra social y que los afiliados “cuando son despedidos, nadie responde por ellos.”. Sobre esto último, que puede ser el punto más agraviante para un sindicato o sindicalista que se precie de tal, llamativamente no ha ofendido a ningún supuesto defensor del buen nombre y honor de esa institución.
La dirigencia del gremio no solo adelantó 6 meses las elecciones en el sindicato sino que pretendió realizar las elecciones de delegados en la empresa Reposar, el día que Javier Cáceres asistía al funeral de su esposa, luego lo demandaron por un préstamo de la mutual sindical cuando llevaba abonada la cuota 9 de 12.
Este sitio ratifica que el proceso electoral en el Centro Empleados de Comercio de Resistencia estuvo manipulado. Que el padrón que se entregó fuera de plazo estaba incompleto, que omitió datos claves y que en su conjunto constituyen un fraude electoral.
Y que no se puede pasar por alto que el derecho a la libertad de expresión de un individuo está por sobre “el buen nombre y honor” de cualquier institución, incluso el CECR donde son sus propios directivos los que expusieron a la entidad para luego victimizarse frente a la publicación de estas omisiones y el juicio de valor que se hace al respecto.
Aunque en la carta documento el apoderado del gremio omite -en una intento de tergiversar el espíritu del mensaje de la agrupación- en el texto cuestionado también se explicaba que en cuanto al requisito de contener el Nº de CUIL del afiliado: ESTE PADRÓN NO CUMPLÍA CON ESE REQUISITO LEGAL. Haciendo imposible corroborar si se trataba de un trabajador en actividad, dado que el N.º de DNI solo acreditaba identidad de la persona, no así su condición de trabajador en actividad. Y que “en cuanto al requisito de contener el Nº de CUIT de los empleadores, domicilio del lugar de Prestación de servicios del afiliado (indicando localidad, partido y provincia). EL PADRÓN TAMPOCO CUMPLIÓ ESE REQUISITO LEGAL. Haciendo imposible verificar la existencia de la empresa en cuestión por ende tampoco se podía verificar si los afiliados anotados en el presente padrón, están previsional y fisicamente registrados ante los organismos de la seguridad social, y si el mencionado empleador de ese socio existe como empresa ante AFIP y si cuenta con un domicilio físico que tampoco incluye el padrón. Que por estas razones, el presente padrón no brindó garantías y su falta de mecanismos de control facilitó la manipulación del proceso electoral al permitir -si quien tiene la responsabilidad de controlar su veracidad se propusiera- la participación de cualquier persona ajena a nuestro gremio con la sola presentación del DNI, sin que se pueda verificar si el afiliado en cuestión es un trabajador real de la actividad ni si el empleador que se le atribuye existe como razón social registrada ante los organismos gubernamentales de contralor. Un dato más fue que el Ministerio avaló ese proceso irregular.” De todo esto no se hace eco ni aclara nada al respecto y se muestra ofendido porque una persona haciendo uso de un derecho humano fundamental como la libertad de expresión incluso del de la libertad sindical comparte en su muro personal una publicación, eludiendo intencionalmente los argumentos centrales que las publicaciones en cuestión plantean, como por ejemplo -y a riesgo de ser reiterativo- que el padrón no brindó ninguna garantía lo que facilitaba la manipulación del proceso. Resulta inexplicable que el sindicato y la junta electoral hayan presentado esa documentación para luego victimizarse de sus propias determinaciones. En este punto, el sindicato plantea agravios hacia sel secretario general aunque no lo menciona, se refieren a Roque Shulz y hacia la presidenta de la junta electoral, Mariana Martínez, una funcionaria de OSECAC cuya continuidad laboral depende de quienes debía controlar.
En realidad, lo que pretende Schulz -algo tan básico de la burocracia sindical- es generar las condiciones para expulsar a los opositores apelando a argumentos falaces, como que un delegado haya compartido en su muro de Facebook una publicación que cuestiona la transparencia del proceso electoral basándose en información que surge de la propia documentación proveída por la junta electoral que habilita ese estado de conflicto ético.
Para ello parafrasean términos del estatuto social donde se tipifica las conductas de los socios al momento de ser suspendidos o expulsados de un sindicato que pretenden endilgar a Cáceres, como por ejemplo cuando dicen que compartir una publicación que expone las irregularidades del proceso electoral del 10 de abril afecta “el buen nombre y honor de la institución acarreando graves perjuicios en su seno, atento la difusión de dicho contenido lesivo”.
Otro dato sobre lo pintoresca de la misiva es que no fue enviada al domicilio particular del delegado sino a su lugar de trabajo, donde casualmente la gerencia también pretende sancionar al delegado Javier Cáceres por unos temas de horarios. En este punto, la dirigencia del CECR tampoco se declara ofendida porque una patronal violenta todos los derechos que una institución con buen nombre y honor defendería con uñas y dientes como es el respeto por la tutela sindical de sus miembros. En el caso de Cáceres y el resto de los delegados de la Lista Morada existe el libre albedrío de parte del gremio para el atropello patronal.
Este apriete no es el primer antecedente de persecución contra él y sus compañeros de agrupación "Construyamos Juntos", sino que es un eslabón más de una serie de ataques que vienen sufriendo luego que hicieron pública la intención de presentar una lista opositora al oficialismo del funcionario Roque Schulz y flia.
Sobre el financiamiento de la campaña de la lista azul, seguramente la presentación de balance esclarecerá el origen de los fondos que solventaron toneladas de carne para parrilla, chombas entregadas por cientos de unidades, indumentaria deportiva, etc, es decir ¿si no fueron los aportes de los afiliados a los sindicatos "porteños" que estuvieron en Resistencia el día de la elección, acaso fue con los aportes de los afiliados del CECR los que financiaron a la lista azul incluyendo los integrantes de la Lista Morada o fueron las empresas locales?.
Finaliza la misiva: “Ello bajo apercibimiento de iniciar sin mas acciones por calumnias e injurias (art 109 y 110 Código Penal) amén de las restantes acciones legales que pudieran corresponder a los fines de lograr una indenmización por daños y perjuicios”.
Sobre el daño y el perjuicio que esta dirigencia ocasiona a los trabajadores están a la vista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario