CIS
COMUNICA.- 01/04/2020.- La CGT Comercio de Francia, presentó ayer una demanda
contra Carrefour y contra la Ministra de Trabajo Muriel Pénicaud, en el
Tribunal de Justicia de la República.
Sostienen que los empleados de Carrefour carecían de protección contra el coronavirus por la que murió una cajera de la tienda en la comuna de Saint-Denis.
Las ventanas de acrílicos que protegen a los cajeros no
se colocaron hasta el 20 de marzo en ese establecimiento, el personal no
recibió barbijos y todas las góndolas y sectores estaban habilitados al
público, no solo departamentos correspondientes a compras esenciales. Por esto, la empresa de Hipermercados Carrefour habría incurrido en el delito de "daños involuntarios a la vida" y "poner en peligro la vida de otros".
"Inacción"
frente a "infracciones".
Por otro lado, el sindicato está demandando a la Ministra
de Trabajo Muriel Pénicaud –una ex ejecutiva del grupo Danone, dueña de La
Serenísima en Argentina- la acusan de "inacción" frente a las
"violaciones de empleadores” y que "nunca tuvo la intención de
intervenir efectivamente con su administración para garantizar la salud y
seguridad de los empleados" de Carrefour que llevaron a la muerte de la
trabajadora Aïcha Issadouene de 52 años, quien llevaba 30 años en la empresa y era
delegada del sindical del sindicato demandante ante el Tribunal de Justicia de
la República.
El gremio mercantil basa su acusación en un artículo del
Código Penal de ese país: ("Cualquiera que pueda prevenir mediante su
acción inmediata, sin riesgo para sí mismo o para terceros, un daño contra la
integridad corporal de las personas y no lo hiciera intencionalmente se lo castigará
con 5 años de prisión de una multa de 75,000 euros ” y "Quien se abstenga voluntariamente
de tomar medidas o decisiones que permitan sin riesgo para él o para terceros, evitar
un desastre que pueda crear un peligro para la seguridad de las personas, será
castigado con 2 años de prisión y una multa de 30,000 euros ”.
"Los empleados de nuestros sectores pagan el alto
precio por la inacción del gobierno y los empleadores, cinco muertes
registradas hasta la fecha, varios cientos de empleados contagiados, incluidos
algunos en situaciones críticas" sostiene el sindicato.
En Argentina, las A.R.T’s y las empresas, con sus
directivos en puestos de decisión podrían correr la misma suerte ya que nuestra
legislación prevé condenas similares por los mismos incumplimientos.
Funcionarios que desoyen llamadas, denuncias que no se
toman, advertencias que se desestiman y toda acción que pone en riesgo la
integridad de los trabajadores y trabajadoras.
Las empresas que por estas horas presionan al personal
para que vaya a trabajar, afrontando riesgos sin las garantías previstas en la
legislación con el agravante si la tarea laboral que realiza está entre las
tipificadas como demanda de un servicio esencial.
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